Dentro de sus subfactores<\/a>, el 7.4 observa la influencia gubernamental indebida en la justicia civil y el 8.6 en el sistema penal. Son indicadores compuestos sobre experiencias y valoraciones, no porcentajes de jueces corruptos. Tambi\u00e9n hacen falta informaci\u00f3n institucional y seguimiento de casos con criterios transparentes.<\/p>\n El informe europeo sobre Espa\u00f1a de julio de 2026, p\u00e1gina 5<\/a>, recoge una percepci\u00f3n bastante o muy buena de la independencia entre el 40 % de la ciudadan\u00eda y el 46 % de las empresas. Cita el Cuadro de Indicadores de la Justicia de 2026. Esos datos describen respuestas de dos poblaciones distintas; no certifican que esos porcentajes de jueces sean independientes.<\/p>\n El mandato del anterior Consejo General del Poder Judicial hab\u00eda expirado en diciembre de 2018, seg\u00fan la nota del Tribunal Constitucional de octubre de 2024<\/a>. La memoria del CGPJ sobre 2024, p\u00e1gina 20<\/a>, documenta el acuerdo pol\u00edtico de junio, las votaciones parlamentarias de julio y la toma de posesi\u00f3n de los nuevos vocales el 25 de julio de 2024.<\/p>\n Por tanto, describir hoy el episodio como un bloqueo todav\u00eda sin resolver ser\u00eda incorrecto. Otra cuesti\u00f3n es c\u00f3mo se seleccionan los vocales y qu\u00e9 riesgos tiene cada modelo. El informe europeo de 2026 contin\u00faa examinando esa cuesti\u00f3n y recoge advertencias sobre politizaci\u00f3n externa e interna al analizar alternativas de elecci\u00f3n.<\/p>\n La distinci\u00f3n evita dos atajos: que intervenga el Parlamento no prueba que cada juez reciba \u00f3rdenes partidistas; que voten los propios jueces tampoco elimina autom\u00e1ticamente la influencia de asociaciones o grupos de carrera. Para evaluar el sistema hay que seguir criterios de selecci\u00f3n, motivaci\u00f3n de nombramientos y controles sobre conflictos de inter\u00e9s.<\/p>\n La reforma constitucional de septiembre de 2024 introdujo la elecci\u00f3n ciudadana de diversos cargos judiciales federales. El INE document\u00f3 retrospectivamente<\/a> que la jornada del 1 de junio de 2025 comprendi\u00f3 881 cargos federales. Esa cifra no debe presentarse como la sustituci\u00f3n de todos los jueces mexicanos.<\/p>\n Tambi\u00e9n importa actualizar la norma: la compilaci\u00f3n constitucional de la C\u00e1mara de Diputados, con \u00faltima reforma general del 7 de octubre de 2026<\/a>, incorpora modificaciones al art\u00edculo 96 de junio de 2026. El texto conserva la elecci\u00f3n directa y regula postulaciones de los tres poderes, evaluaci\u00f3n y restricciones de campa\u00f1a. Las reglas de una elecci\u00f3n pasada no deben describirse autom\u00e1ticamente como id\u00e9nticas a las actuales.<\/p>\n El argumento favorable a la elecci\u00f3n judicial sostiene que puede abrir un sistema percibido como cerrado y ofrecer legitimidad ciudadana. La objeci\u00f3n m\u00e1s fuerte se\u00f1ala que competir por votos puede crear otros incentivos: notoriedad, apoyos organizados o expectativas sobre fallos populares. Son argumentos sobre riesgos de dise\u00f1o; para afirmar efectos reales hacen falta datos y decisiones examinables.<\/p>\n La mejor defensa del autogobierno judicial subraya conocimiento profesional y distancia respecto de las mayor\u00edas del momento. Su mejor cr\u00edtica advierte de cierre corporativo y de barreras para exigir responsabilidades. A la inversa, la participaci\u00f3n pol\u00edtica o electoral puede aportar legitimidad, pero necesita l\u00edmites que protejan al ciudadano cuya causa resulte impopular.<\/p>\n La independencia tampoco implica ausencia de responsabilidad. Una resoluci\u00f3n debe poder recurrirse y una infracci\u00f3n disciplinaria debe poder investigarse con garant\u00edas. La dificultad consiste en impedir que esas v\u00edas se utilicen para castigar el contenido leg\u00edtimo de una decisi\u00f3n. La discusi\u00f3n sobre garant\u00edas procesales<\/a> ayuda a entender por qu\u00e9 investigaci\u00f3n eficaz y control judicial deben examinarse juntos.<\/p>\n Ejemplo hipot\u00e9tico:<\/strong> una jueza debe resolver una demanda contra la administraci\u00f3n que participa en su promoci\u00f3n. Publicar criterios previos de ascenso, motivar la decisi\u00f3n y permitir impugnarla reduce espacios opacos, aunque no demuestra por s\u00ed solo ausencia de presi\u00f3n. Cambiar \u00fanicamente qui\u00e9n la elige dejar\u00eda sin estudiar esas condiciones.<\/p>\n Una revisi\u00f3n \u00fatil pregunta qui\u00e9n puede bloquear candidaturas, qu\u00e9 informaci\u00f3n conoce quien selecciona, c\u00f3mo se asignan expedientes y qui\u00e9n decide sanciones o traslados. Despu\u00e9s busca pruebas sobre su aplicaci\u00f3n. Las respuestas pueden variar entre justicia civil y penal, entre territorios y entre niveles judiciales; una media nacional puede ocultar esas diferencias.<\/p>\n MEE defiende una justicia capaz de controlar al poder y de explicar sus propias decisiones. Preferimos evaluar garant\u00edas comprobables: selecci\u00f3n transparente, m\u00e9rito identificable, estabilidad compatible con responsabilidad, recursos suficientes y revisi\u00f3n de sanciones. Ning\u00fan procedimiento de nombramiento merece un cheque en blanco.<\/p>\nEspa\u00f1a: renovaci\u00f3n y reglas de nombramiento<\/h2>\n
![\"Siete](\"https:\/\/moevec.org\/blog\/wp-content\/uploads\/e7-10-09-independencia-judicial-interior-1-1024x576.webp\")
M\u00e9xico: del cambio de 2024 a la elecci\u00f3n de 2025<\/h2>\n
![\"Una](\"https:\/\/moevec.org\/blog\/wp-content\/uploads\/e7-10-09-independencia-judicial-interior-2-1024x576.webp\")
Nombramiento, responsabilidad y protecci\u00f3n frente al poder<\/h2>\n
C\u00f3mo examinar una reforma sin elegir un eslogan<\/h2>\n
La lectura de MEE<\/h2>\n