Por separado, la Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a inform\u00f3<\/a> de 82 homicidios en 2025 y 32 menos que en 2024, lo que implica 114 para ese a\u00f1o en su balance. Public\u00f3 una tasa de 1,3 para 2025. Las cifras de 2024 no coinciden con UNODC: no las unimos como una \u00fanica serie.<\/p>\n Los metadatos de UNODC<\/a> advierten que las definiciones aplicadas, el sistema de registro y la fase de investigaci\u00f3n pueden afectar los datos. Aqu\u00ed no hemos conciliado cada caso. Tampoco una comparaci\u00f3n temporal identifica qu\u00e9 proporci\u00f3n del cambio corresponde a cada pol\u00edtica.<\/p>\n En su comunicado del 21 de abril de 2026<\/a>, la CIDH describi\u00f3 la suspensi\u00f3n del derecho de defensa y de la inviolabilidad de las comunicaciones, junto con la ampliaci\u00f3n de la detenci\u00f3n administrativa. Esa descripci\u00f3n tiene una fecha concreta; no sustituye la lectura de cada decreto posterior.<\/p>\n La Asamblea anunci\u00f3 el 21 de octubre<\/a> una extensi\u00f3n del 28 de octubre al 26 de noviembre de 2026. Al consultar la ficha del decreto 689<\/a>, esta todav\u00eda advert\u00eda que su publicaci\u00f3n material estaba pendiente. Distinguimos el anuncio del texto promulgado que permitir\u00eda una revisi\u00f3n jur\u00eddica completa.<\/p>\n Human Rights Watch public\u00f3 el 7 de octubre de 2026<\/a> una investigaci\u00f3n sobre juicios masivos y obst\u00e1culos a la defensa. Entrevist\u00f3 a 15 abogados particulares y revis\u00f3 cuatro acusaciones y una sentencia. Son hallazgos atribuidos a esa investigaci\u00f3n; MEE no ha le\u00eddo los expedientes originales ni deduce de esa muestra una proporci\u00f3n nacional de condenas injustas.<\/p>\n La CIDH cuestion\u00f3 en abril la prolongaci\u00f3n del r\u00e9gimen y recogi\u00f3 denuncias de abusos. El mismo comunicado incluye la respuesta del Estado, que niega una pol\u00edtica de graves violaciones y defiende los resultados de seguridad. Registrar esa controversia no convierte el comunicado en una sentencia penal sobre cada denuncia.<\/p>\n El balance de la Fiscal\u00eda atribuye los resultados a una estrategia coordinada de seguridad e investigaci\u00f3n. La objeci\u00f3n m\u00e1s fuerte a una cr\u00edtica que los ignore es evidente: quienes sufrieron amenazas necesitan protecci\u00f3n efectiva y pueden valorar que haya cambiado su vida cotidiana.<\/p>\n La encuesta Iudop-UCA de mayo de 2026<\/a> encontr\u00f3 que 77,4% se\u00f1alaba la seguridad como lo mejor del pa\u00eds y 68,9% apoyaba continuar el r\u00e9gimen. Su ficha informa 1271 entrevistas en viviendas del 15 al 26 de mayo, muestreo poliet\u00e1pico estratificado por cuotas y margen declarado de\u00b12,75 puntos al 95% de confianza.<\/p>\n Describe opiniones bajo ese dise\u00f1o y en ese periodo. No es un censo ni demuestra que todas las personas apoyen cada actuaci\u00f3n. Para MEE, escuchar el alivio expresado y atender denuncias de indefensi\u00f3n son obligaciones que pueden sostenerse a la vez.<\/p>\n Ejemplo hipot\u00e9tico:<\/strong> una comerciante puede volver a abrir sin una amenaza que antes recib\u00eda. Otro vecino afirma que un familiar fue detenido por error. MEE pedir\u00eda investigar ambas experiencias: la primera no identifica la responsabilidad del familiar y la segunda no borra el valor de la protecci\u00f3n obtenida. No son testimonios reales.<\/p>\n Una evaluaci\u00f3n \u00fatil debe preguntar qu\u00e9 delito se redujo, c\u00f3mo se registr\u00f3 y qu\u00e9 ocurri\u00f3 con la posibilidad de defenderse. Tambi\u00e9n necesita separar personas detenidas, acusadas y condenadas. La cantidad de actividad institucional no reemplaza la comprobaci\u00f3n de responsabilidad individual.<\/p>\n Ejemplo hipot\u00e9tico:<\/strong> dos a\u00f1os muestran menos homicidios registrados, pero en uno cambi\u00f3 la clasificaci\u00f3n utilizada. Antes de atribuir toda la diferencia a una reforma, una investigadora revisa definiciones y cobertura. El ejemplo explica un riesgo metodol\u00f3gico; no afirma que ese cambio concreto haya ocurrido en El Salvador.<\/p>\n MEE defiende seguridad con Estado de derecho. Reconocer una reducci\u00f3n registrada exige conservar sus fuentes; defender garant\u00edas exige explicar c\u00f3mo proteger a las v\u00edctimas y corregir errores. Preferimos propuestas que indiquen responsables, pruebas, supervisi\u00f3n y condiciones para revisar las facultades extraordinarias.<\/p>\nEl r\u00e9gimen de excepci\u00f3n: qu\u00e9 garant\u00edas afecta<\/h2>\n
![\"Dos](\"https:\/\/moevec.org\/blog\/wp-content\/uploads\/e1-8-10-el-salvador-seguridad-garantias-interior-1-1024x576.webp\")
Qu\u00e9 documentan los informes de derechos humanos<\/h2>\n
El argumento del Gobierno y de la poblaci\u00f3n<\/h2>\n
![\"La](\"https:\/\/moevec.org\/blog\/wp-content\/uploads\/e1-8-10-el-salvador-seguridad-garantias-interior-2-1024x576.webp\")
C\u00f3mo evaluar resultados y garant\u00edas<\/h2>\n
La lectura de MEE<\/h2>\n
Ficha para evaluar una afirmaci\u00f3n sobre el modelo<\/h2>\n