{"id":1976,"date":"2026-10-29T23:11:02","date_gmt":"2026-10-29T22:11:02","guid":{"rendered":"https:\/\/moevec.org\/blog\/?p=1976"},"modified":"2026-10-29T23:11:02","modified_gmt":"2026-10-29T22:11:02","slug":"cuba-decretos-35-370","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/moevec.org\/blog\/cuba-decretos-35-370\/","title":{"rendered":"Cuba: decretos-leyes 35\/2021 y 370\/2018"},"content":{"rendered":"

Los decretos 35 y 370 de Cuba vinculan la actividad digital con obligaciones sobre informaci\u00f3n y servicios. Sus efectos deben leerse por separado y con fecha. Esta entrada examina los textos de 2018 y 2021, su publicaci\u00f3n y un caso documentado, distinguiendo contravenciones, medidas sobre el acceso y responsabilidades penales.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Ficha de lectura<\/caption>\n
Tema<\/th>\nLibertad de Expresi\u00f3n Econ\u00f3mica<\/td>\n<\/tr>\n
Nivel<\/th>\nFundamentos<\/td>\n<\/tr>\n
Pa\u00eds<\/th>\nCuba<\/td>\n<\/tr>\n
Primera norma<\/th>\nDecreto-Ley 370\/2018, publicado en julio de 2019<\/td>\n<\/tr>\n
Segunda norma<\/th>\nDecreto-Ley 35\/2021, publicado en agosto de 2021<\/td>\n<\/tr>\n
Disposici\u00f3n relacionada<\/th>\nResoluci\u00f3n 105\/2021 sobre incidentes de ciberseguridad<\/td>\n<\/tr>\n
Caso citado<\/th>\nReportaje de HRW de septiembre de 2020<\/td>\n<\/tr>\n
Precauci\u00f3n<\/th>\nNorma escrita y aplicaci\u00f3n documentada son pruebas distintas<\/td>\n<\/tr>\n
Lectura MEE<\/th>\nPrecisar motivos, evidencia y v\u00edas de revisi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Decretos 35 y 370: por qu\u00e9 importa identificar cada texto<\/h2>\n

El n\u00famero de una norma no basta para describir una sanci\u00f3n. Deben comprobarse art\u00edculo, fecha, sujeto y medida prevista. Tambi\u00e9n hay que distinguir lo que dispone un texto de lo que una organizaci\u00f3n documenta en su aplicaci\u00f3n. Ese criterio permite examinar restricciones sin inventar que cualquier experiencia individual representa el funcionamiento de todo el sistema.<\/p>\n

Decreto-Ley 370\/2018: contenidos y contravenciones<\/h2>\n

El Decreto-Ley 370<\/a> fue fechado el 17 de diciembre de 2018 y publicado en la Gaceta ordinaria 45, de 4 de julio de 2019. Consultamos el documento oficial conservado en un espejo period\u00edstico. El art\u00edculo 68 define contravenciones asociadas a las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n, siempre que no constituyan delitos.<\/p>\n

Su inciso i incluye difundir por redes p\u00fablicas informaci\u00f3n contraria al inter\u00e9s social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Para los supuestos del art\u00edculo 70, que comprenden ese inciso, el texto establece 3.000 CUP para personas naturales y 10.000 CUP para jur\u00eddicas. El art\u00edculo 71 prev\u00e9 medidas accesorias. Son importes del texto hist\u00f3rico consultado.<\/p>\n

MEE considera que expresiones amplias como inter\u00e9s social necesitan criterios suficientemente precisos para que una persona pueda prever qu\u00e9 conducta se le atribuye. Una cr\u00edtica sobre un precio y una comunicaci\u00f3n fraudulenta requieren pruebas propias. El texto de una contravenci\u00f3n no demuestra por s\u00ed solo qu\u00e9 ocurri\u00f3 en cada procedimiento ni permite afirmar una pena de prisi\u00f3n autom\u00e1tica.<\/p>\n

Ejemplo hipot\u00e9tico 1.<\/strong> Una persona comenta que un servicio resulta costoso y recibe una notificaci\u00f3n que cita una norma. Para entenderla identifica art\u00edculo, publicaci\u00f3n atribuida, prueba y v\u00eda de impugnaci\u00f3n. El supuesto explica c\u00f3mo distinguir un motivo gen\u00e9rico de una imputaci\u00f3n concreta; no representa un caso real ni predice qu\u00e9 ocurrir\u00e1 con una publicaci\u00f3n.<\/p>\n

\"Dos
Documentos imaginarios; no son facs\u00edmiles de los decretos ni muestran sellos oficiales.<\/figcaption><\/figure>\n

Decreto-Ley 35\/2021: deberes y continuidad del servicio<\/h2>\n

El Decreto-Ley 35 se public\u00f3 en la Gaceta ordinaria 92, de 17 de agosto de 2021<\/a>. Su art\u00edculo 15 incluye deberes de los usuarios sobre transmisi\u00f3n de informes o noticias falsas y sobre contenidos que afecten, entre otros conceptos, la seguridad colectiva, el bienestar general o el orden p\u00fablico.<\/p>\n

El art\u00edculo 69 dispone medidas t\u00e9cnicas de operadores y proveedores, incluida la interrupci\u00f3n de servicios en los supuestos que describe. La misma Gaceta contiene la Resoluci\u00f3n 105\/2021 y su modelo de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Son instrumentos distintos: atribuir todo el anexo de la resoluci\u00f3n al Decreto-Ley 35 impedir\u00eda identificar correctamente la disposici\u00f3n examinada.<\/p>\n

Desde la perspectiva de MEE, una interrupci\u00f3n puede afectar tambi\u00e9n a otras actividades de quien utiliza una conexi\u00f3n para trabajar, estudiar o comunicarse. Para evaluar una medida concreta har\u00edan falta duraci\u00f3n, alcance, fundamento y posibilidad de revisi\u00f3n. No asignamos un coste econ\u00f3mico a esas consecuencias sin una investigaci\u00f3n que lo mida.<\/p>\n

Casos documentados y evaluaci\u00f3n de derechos humanos<\/h2>\n

En su reportaje de 24 de septiembre de 2020 sobre Camila Acosta<\/a>, Juan Pappier, de Human Rights Watch, relata una multa de 3.000 pesos bajo el Decreto-Ley 370 por publicaciones de Facebook. Identificamos persona, fuente y fecha para que la afirmaci\u00f3n pueda contrastarse. No atribuimos ese episodio al Decreto-Ley 35, posterior.<\/p>\n

La evaluaci\u00f3n de HRW de agosto de 2021<\/a> cuestiona la amplitud de las obligaciones y sus riesgos para expresi\u00f3n y privacidad. Tambi\u00e9n diferencia la resoluci\u00f3n de ciberseguridad que acompa\u00f1a al decreto. Presentamos esa valoraci\u00f3n como la posici\u00f3n de la organizaci\u00f3n, junto a los art\u00edculos originales consultados.<\/p>\n

Un reportaje no sustituye la resoluci\u00f3n administrativa \u00edntegra ni acredita la situaci\u00f3n actual de una persona. Por ello no convertimos aquel episodio en un recuento de sanciones de 2026. La lectura documentada permite preguntar c\u00f3mo se justific\u00f3 una medida y qu\u00e9 garant\u00edas tuvo el afectado, manteniendo visibles los l\u00edmites de la fuente.<\/p>\n

Ejemplo hipot\u00e9tico 2.<\/strong> Un investigador registra un corte y lo compara con una denuncia p\u00fablica. Conserva hora, proveedor y documentaci\u00f3n disponible. La coincidencia temporal orienta preguntas, pero no identifica autom\u00e1ticamente qui\u00e9n orden\u00f3 la medida ni demuestra qu\u00e9 disposici\u00f3n se aplic\u00f3. El supuesto ilustra una investigaci\u00f3n posible, no una nueva denuncia sobre un usuario real.<\/p>\n

\"Archivador
Archivo conceptual de documentaci\u00f3n; no inventa expedientes de personas ni prueba sanciones.<\/figcaption><\/figure>\n

El mejor argumento en contra: ciberseguridad y orden p\u00fablico<\/h2>\n

La protecci\u00f3n de redes, privacidad y personas frente a ataques es un objetivo atendible. Los textos cubanos invocan seguridad y desarrollo de las telecomunicaciones. MEE reconoce la necesidad de responder a amenazas t\u00e9cnicas y da\u00f1os acreditados. Examinar l\u00edmites a una intervenci\u00f3n exige preguntar qu\u00e9 riesgo concreto persigue y c\u00f3mo contribuye la medida a resolverlo.<\/p>\n

La objeci\u00f3n se concentra en tratar una expresi\u00f3n inc\u00f3moda como amenaza sin precisar el da\u00f1o. Proponemos distinguir ataques a sistemas, enga\u00f1os comprobados y cr\u00edtica p\u00fablica. Una decisi\u00f3n deber\u00eda explicar evidencia, proporcionalidad y recurso. La eficacia de esa garant\u00eda requiere estudiar la aplicaci\u00f3n; no puede darse por probada \u00fanicamente porque exista una declaraci\u00f3n general de derechos.<\/p>\n

La lectura de MEE<\/h2>\n

Para hablar de econom\u00eda hace falta poder describir un coste, una escasez o una dificultad cotidiana. La posici\u00f3n editorial de MEE pide reglas comprensibles y control de las medidas que restringen esa conversaci\u00f3n. La informaci\u00f3n p\u00fablica sobre procedimientos permitir\u00eda discutir su necesidad sin depender exclusivamente de afirmaciones de una autoridad o de un denunciante.<\/p>\n

Esta entrada estudia disposiciones originales y casos fechados, sin ofrecer una recopilaci\u00f3n exhaustiva de todas las reformas ni una respuesta individual sobre qu\u00e9 se puede publicar hoy. Se puede ampliar con c\u00f3mo se mide la libertad de expresi\u00f3n<\/a>, conservando la diferencia entre comparar condiciones y documentar un episodio particular.<\/p>\n

Preguntas frecuentes<\/h2>\n

\u00bfEl Decreto-Ley 370 de 2018 se public\u00f3 ese mismo a\u00f1o?<\/h3>\n

El texto consultado lleva fecha de diciembre de 2018 y aparece en la Gaceta ordinaria de julio de 2019. La numeraci\u00f3n y la publicaci\u00f3n son referencias distintas. Al citarlo conviene conservar ambas para no situar un caso antes de la publicaci\u00f3n de la norma o confundirlo con el decreto de 2021.<\/p>\n

\u00bfTodas sus contravenciones son delitos penales?<\/h3>\n

El art\u00edculo sesenta y ocho del texto examinado define contravenciones siempre que los hechos no constituyan delitos. Las multas y medidas accesorias descritas necesitan distinguirse de responsabilidades penales que requieran otros fundamentos. Por eso no debe afirmarse prisi\u00f3n autom\u00e1tica por cualquier publicaci\u00f3n ni resolver un caso individual sin su documentaci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n

\u00bfEl Decreto-Ley 35 y la Resoluci\u00f3n 105 son lo mismo?<\/h3>\n

Son disposiciones diferentes publicadas en la misma Gaceta de agosto de 2021. El decreto establece el marco de telecomunicaciones y la resoluci\u00f3n aprueba un modelo para responder a incidentes de ciberseguridad. Identificar correctamente cada art\u00edculo o anexo ayuda a comprobar la afirmaci\u00f3n y a evitar trasladar contenido entre normas distintas.<\/p>\n

Para seguir aprendiendo<\/h2>\n