Los decretos 35 y 370 de Cuba vinculan la actividad digital con obligaciones sobre información y servicios. Sus efectos deben leerse por separado y con fecha. Esta entrada examina los textos de 2018 y 2021, su publicación y un caso documentado, distinguiendo contravenciones, medidas sobre el acceso y responsabilidades penales.
| Tema | Libertad de Expresión Económica |
|---|---|
| Nivel | Fundamentos |
| País | Cuba |
| Primera norma | Decreto-Ley 370/2018, publicado en julio de 2019 |
| Segunda norma | Decreto-Ley 35/2021, publicado en agosto de 2021 |
| Disposición relacionada | Resolución 105/2021 sobre incidentes de ciberseguridad |
| Caso citado | Reportaje de HRW de septiembre de 2020 |
| Precaución | Norma escrita y aplicación documentada son pruebas distintas |
| Lectura MEE | Precisar motivos, evidencia y vías de revisión |
Decretos 35 y 370: por qué importa identificar cada texto
El número de una norma no basta para describir una sanción. Deben comprobarse artículo, fecha, sujeto y medida prevista. También hay que distinguir lo que dispone un texto de lo que una organización documenta en su aplicación. Ese criterio permite examinar restricciones sin inventar que cualquier experiencia individual representa el funcionamiento de todo el sistema.
Decreto-Ley 370/2018: contenidos y contravenciones
El Decreto-Ley 370 fue fechado el 17 de diciembre de 2018 y publicado en la Gaceta ordinaria 45, de 4 de julio de 2019. Consultamos el documento oficial conservado en un espejo periodístico. El artículo 68 define contravenciones asociadas a las tecnologías de la información, siempre que no constituyan delitos.
Su inciso i incluye difundir por redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Para los supuestos del artículo 70, que comprenden ese inciso, el texto establece 3.000 CUP para personas naturales y 10.000 CUP para jurídicas. El artículo 71 prevé medidas accesorias. Son importes del texto histórico consultado.
MEE considera que expresiones amplias como interés social necesitan criterios suficientemente precisos para que una persona pueda prever qué conducta se le atribuye. Una crítica sobre un precio y una comunicación fraudulenta requieren pruebas propias. El texto de una contravención no demuestra por sí solo qué ocurrió en cada procedimiento ni permite afirmar una pena de prisión automática.
Ejemplo hipotético 1. Una persona comenta que un servicio resulta costoso y recibe una notificación que cita una norma. Para entenderla identifica artículo, publicación atribuida, prueba y vía de impugnación. El supuesto explica cómo distinguir un motivo genérico de una imputación concreta; no representa un caso real ni predice qué ocurrirá con una publicación.
Decreto-Ley 35/2021: deberes y continuidad del servicio
El Decreto-Ley 35 se publicó en la Gaceta ordinaria 92, de 17 de agosto de 2021. Su artículo 15 incluye deberes de los usuarios sobre transmisión de informes o noticias falsas y sobre contenidos que afecten, entre otros conceptos, la seguridad colectiva, el bienestar general o el orden público.
El artículo 69 dispone medidas técnicas de operadores y proveedores, incluida la interrupción de servicios en los supuestos que describe. La misma Gaceta contiene la Resolución 105/2021 y su modelo de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Son instrumentos distintos: atribuir todo el anexo de la resolución al Decreto-Ley 35 impediría identificar correctamente la disposición examinada.
Desde la perspectiva de MEE, una interrupción puede afectar también a otras actividades de quien utiliza una conexión para trabajar, estudiar o comunicarse. Para evaluar una medida concreta harían falta duración, alcance, fundamento y posibilidad de revisión. No asignamos un coste económico a esas consecuencias sin una investigación que lo mida.
Casos documentados y evaluación de derechos humanos
En su reportaje de 24 de septiembre de 2020 sobre Camila Acosta, Juan Pappier, de Human Rights Watch, relata una multa de 3.000 pesos bajo el Decreto-Ley 370 por publicaciones de Facebook. Identificamos persona, fuente y fecha para que la afirmación pueda contrastarse. No atribuimos ese episodio al Decreto-Ley 35, posterior.
La evaluación de HRW de agosto de 2021 cuestiona la amplitud de las obligaciones y sus riesgos para expresión y privacidad. También diferencia la resolución de ciberseguridad que acompaña al decreto. Presentamos esa valoración como la posición de la organización, junto a los artículos originales consultados.
Un reportaje no sustituye la resolución administrativa íntegra ni acredita la situación actual de una persona. Por ello no convertimos aquel episodio en un recuento de sanciones de 2026. La lectura documentada permite preguntar cómo se justificó una medida y qué garantías tuvo el afectado, manteniendo visibles los límites de la fuente.
Ejemplo hipotético 2. Un investigador registra un corte y lo compara con una denuncia pública. Conserva hora, proveedor y documentación disponible. La coincidencia temporal orienta preguntas, pero no identifica automáticamente quién ordenó la medida ni demuestra qué disposición se aplicó. El supuesto ilustra una investigación posible, no una nueva denuncia sobre un usuario real.
El mejor argumento en contra: ciberseguridad y orden público
La protección de redes, privacidad y personas frente a ataques es un objetivo atendible. Los textos cubanos invocan seguridad y desarrollo de las telecomunicaciones. MEE reconoce la necesidad de responder a amenazas técnicas y daños acreditados. Examinar límites a una intervención exige preguntar qué riesgo concreto persigue y cómo contribuye la medida a resolverlo.
La objeción se concentra en tratar una expresión incómoda como amenaza sin precisar el daño. Proponemos distinguir ataques a sistemas, engaños comprobados y crítica pública. Una decisión debería explicar evidencia, proporcionalidad y recurso. La eficacia de esa garantía requiere estudiar la aplicación; no puede darse por probada únicamente porque exista una declaración general de derechos.
La lectura de MEE
Para hablar de economía hace falta poder describir un coste, una escasez o una dificultad cotidiana. La posición editorial de MEE pide reglas comprensibles y control de las medidas que restringen esa conversación. La información pública sobre procedimientos permitiría discutir su necesidad sin depender exclusivamente de afirmaciones de una autoridad o de un denunciante.
Esta entrada estudia disposiciones originales y casos fechados, sin ofrecer una recopilación exhaustiva de todas las reformas ni una respuesta individual sobre qué se puede publicar hoy. Se puede ampliar con cómo se mide la libertad de expresión, conservando la diferencia entre comparar condiciones y documentar un episodio particular.
Preguntas frecuentes
¿El Decreto-Ley 370 de 2018 se publicó ese mismo año?
El texto consultado lleva fecha de diciembre de 2018 y aparece en la Gaceta ordinaria de julio de 2019. La numeración y la publicación son referencias distintas. Al citarlo conviene conservar ambas para no situar un caso antes de la publicación de la norma o confundirlo con el decreto de 2021.
¿Todas sus contravenciones son delitos penales?
El artículo sesenta y ocho del texto examinado define contravenciones siempre que los hechos no constituyan delitos. Las multas y medidas accesorias descritas necesitan distinguirse de responsabilidades penales que requieran otros fundamentos. Por eso no debe afirmarse prisión automática por cualquier publicación ni resolver un caso individual sin su documentación correspondiente.
¿El Decreto-Ley 35 y la Resolución 105 son lo mismo?
Son disposiciones diferentes publicadas en la misma Gaceta de agosto de 2021. El decreto establece el marco de telecomunicaciones y la resolución aprueba un modelo para responder a incidentes de ciberseguridad. Identificar correctamente cada artículo o anexo ayuda a comprobar la afirmación y a evitar trasladar contenido entre normas distintas.
Para seguir aprendiendo
- Capital y productividad
- Capitalismo y consumismo
- Presupuesto y posibilidades
- Decidir con información
- Libertad de Expresión Económica
Fuentes y alcance
Consulta: 29/10/2026. Ejemplos hipotéticos e ilustraciones conceptuales. Datos e investigaciones conservan periodo y método; las interpretaciones de MEE se identifican como tales.
- Consejo de Estado de Cuba, Decreto-Ley 370/2018, Gaceta ordinaria 45 de 04/07/2019, copia documental. Consultado el 29/10/2026.
- Consejo de Estado de Cuba, Decreto-Ley 35/2021 y normas complementarias, Gaceta ordinaria 92 de 17/08/2021. Consultado el 29/10/2026.
- Human Rights Watch, Cuba: Telecommunications Decree Curtails Free Speech, 25/08/2021. Consultado el 29/10/2026.
- Juan Pappier, Human Rights Watch, Cuba’s Government Throws Its Repressive Playbook at a Journalist, 24/09/2020. Consultado el 29/10/2026.
